El pleno del Congreso decidirá esta semana si tramita una proposición de ley promovida por movimientos sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y los de arrendamiento de habitaciones, con el que cada vez más arrendadores burlan el control de precios.
A diferencia de los contratos de alquiler de vivienda habitual, en los que los inquilinos están protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los de arrendamiento de habitaciones y los de temporada se siguen rigiendo por el Código Civil, es decir que dependen de la voluntad de las partes.
Mientras que la LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, los de temporada y los de habitaciones permiten la 'trampa' de subir los precios cada seis o nueve meses a inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable.
Además, tampoco están sujetos a los límites decretados por el Gobierno para las actualizaciones anuales de renta de vivienda habitual.
La proposición de ley que se debatirá el próximo martes en el Congreso, a iniciativa de Sumar, pretende modificar la LAU para incluir estos tipos de contratos en su ámbito de aplicación.
En el caso de los de temporada, la LAU obligaría al arrendador a especificar en ellos la causa de la temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.
Los motivos de alquiler temporal más comunes son de trabajo, por estudios, por obras en la vivienda habitual del arrendatario y por vacaciones.
La propuesta legislativa, que va firmada por Sumar, EH Bildu, ERC y BNG, señala que, en caso de no quedar debidamente acreditadas las características de la temporalidad, se presumirá que dicho contrato es de vivienda habitual.
Esto supone introducir en la LAU una presunción general a favor de los contratos de vivienda habitual, entre los cuales también se incluye "el arrendamiento de una habitación o estancia de la vivienda".
La regulación de este tipo de alquileres, igual que la de los alquileres turísticos, quedó excluida de la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada hace más de un año, si bien ésta disponía la creación un grupo de trabajo para hacerlo.
Tras la reunión que celebró este grupo de trabajo el pasado julio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció que está preparando un real decreto para obligar a justificar la causa de los alquileres temporales y a incluir esos inmuebles en un registro único junto a los pisos turísticos; medidas que los partidos a la izquierda del PSOE consideran "poco contundentes".
Aunque el grupo socialista no ha confirmado que vaya a votar a favor de la tramitación de esta propuesta, en Sumar confían en que lo haga.
No obstante, para conseguir que el pleno le dé luz verde serían también necesarios los apoyos del PNV y Junts, que el pasado mayo votó en contra de una iniciativa similar en el Parlamento de Cataluña (igual que el PP y Vox), mientras que el PSC se abstuvo.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha insistido esta semana en que los alquileres de temporada y de habitaciones "se han convertido en una rendija por la que los propietarios se cuelan para esquivar la LAU y la regulación de los alquileres" y ha abogado por "cerrar esa rendija".
Según datos de Idealista, en el segundo trimestre de 2024 la oferta de alquiler de temporada se disparó un 55%, con lo que ya suponen el 13 % del total de la oferta.
Por su parte, la oferta de habitaciones en piso compartido creció un 29%, a pesar de lo cual el volumen de personas interesadas en cada habitación aumentó un 15%.
