El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades plantea que ninguna universidad, ni pública ni privada, tenga que pagar a empresas, instituciones o entidades por asegurarse las prácticas, obligatorias en numerosas titulaciones y necesarias para finalizar los distintos grados y máster universitarios. De esta forma se plasma en una enmienda que los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar han registrado al proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y que se encuentra en tramitación en el Congreso. La finalidad, señalan a EFE fuentes del Ministerio, es garantizar "la igualdad de acceso y de oportunidades" de todos los estudiantes a esta formación externa.
El plazo para presentar enmiendas a esta ley sanitaria finalizó el miércoles y el Gobierno de coalición plantea este cambio en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada en marzo de 2023 ante el incremento de estudiantes universitarios de los últimos años y de los títulos con prácticas obligatorias. En el curso 2023-2024 las universidades recibieron un total de 1.762.000 alumnos y se prevé que la cifra sea superada en este nuevo ciclo 2024-2025.
El 75% de los grados y máster están en las universidades públicas y fuentes del Ministerio señalan a EFE que el acceso a las prácticas académicas externas curriculares debe ser igual para todos, tanto en la universidad de titularidad pública como de titularidad privada. Actualmente algunas universidades privadas garantizan a sus alumnos esta formación en empresas o instituciones con contraprestaciones económicas a dichos organismos, y el Ejecutivo considera que se debe garantizar la "equidad de acceso" en toda la universidad.
Las mismas fuentes inciden en que la enmienda, que ahora será votada en la comisión de Sanidad del Congreso y necesita el apoyo de los aliados parlamentarios de la investidura para poder ser aprobada, no va contra nadie y responde a una petición de las universidades públicas y de las organizaciones de estudiantes. El texto de la enmienda argumenta que "a fin de salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas, cuando forman parte del oportuno plan de estudios, se considera fundamental que las mismas no impliquen, en el momento de acordarse, una transacción económica (bajo forma de precio o de donación) entre el centro de origen y el de destino".
Esta medida pretende "evitar que la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado". Y es que en el sistema universitario español cada año hay cerca de 400.0000 estudiantes que hacen prácticas académicas fuera de la universidad y con el crecimiento de las universidades privadas y los convenios económicos de estas con empresas vinculadas a su alumnado, la universidad pública juega en desventaja, ya que no pagan a las entidades con las que convienen las prácticas extracurriculares.
Las prácticas académicas externas en los estudios de grado y máster universitario constituyen una actividad de naturaleza plenamente formativa cuya finalidad es la de complementar la formación académica, recuerda el texto de la enmienda pactada entre PSOE y Sumar.
