La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha impuesto más de 200 sanciones a residencias de la Comunidad desde 2020, el año de la pandemia de la covid, con una docena muy graves y en cuatro casos con cierres temporales o definitivos.
La Junta se ve obligada a intervenir ante incumplimientos como la falta de personal marcado por ley, tanto estatal como autonómico, o por otras cuestiones como soslayar la normativa de seguridad, el trato vejatorio a los residentes con vulneración de su integridad física o moral o las insuficientes condiciones del servicio prestado.
De las más de 200 sanciones, 17 se han registrado este 2024 frente a las 63 de 2023, las 71 de 2022, las 36 de 2021 y las 30 de 2020, según los datos obtenidos por EFE a través del Gobierno Abierto de la Junta
Por provincias, León ?con 89- se sitúa a la cabeza en número de sanciones, seguida de lejos por Salamanca con 39; Palencia con 24; Burgos con 23 y Valladolid con 16.
Segovia y Soria, por su parte, acumulan una decena de sanciones administrativas cada una, mientras que en las provincias de Ávila (4) y Zamora (2) las cifras son testimoniales.
En cuanto al número de plazas, prosigue EFE, León, con 8.385 plazas distribuidas en 116 centros residenciales, acapara el 17% del total de Castilla León: 49.321 en 691. Por detrás se sitúan Valladolid (8.191 en 110); Salamanca (7.560 en 124); Burgos (7.161 en 94); Palencia (4.387 en 59); Zamora (4.376 en 63); Ávila (3.680 en 50); Segovia (3.085 en 40); y Soria (2.496 en 35).
Los servicios sociales de la Junta de Castilla y León han visitado desde el 15 de marzo de 2020 al 30 de agosto de 2024 un total de 693 centros residenciales de personas mayores y han realizado 6.303 informes de la actividad inspectora y control.
Salamanca, con 126 residencias vigiladas, se coloca por delante de Valladolid (118), León (115), Burgos (96), Zamora (62), Palencia (55), Ávila (49), Segovia (38), y Soria (34).
La inspección es la encargada de comprobar si existen anomalías para, después, acordar la propuesta de iniciación del expediente sancionador si los hechos constituyen una infracción administrativa por acción u omisión.
Además, si incurren en delito, sin perjuicio de las actuaciones anteriores, se da traslado de la denuncia al Ministerio Fiscal.
En este sentido, las sanciones de carácter muy grave, que han conllevado multas de entre 30.000 y 130.500 euros, han alcanzado en estos años la docena y han conllevado en cuatro casos el cierre temporal o definitivo y el traslado de sus usuarios a otras instalaciones concertadas con la Junta.
Es el caso de la Residencia de Personas Mayores 'Villa Los Robles', ubicada en la localidad de Corbillos de la Sobarriba (León), denunciada por "el trato degradante dado a los residentes", según el bufete de abogados Santiago Pascua, recoge EFE.
También el del centro Tercera Edad Barras-Ramírez, S.L., así como la Vivienda para las Personas Mayores Colón de Valladolid, cuya titularidad también es de Barras-Ramírez, S.L; y el de la residencia Virgen de Begoña, situada en Toro (Zamora).
En la gravedad de las infracciones se tiene en cuenta el grado de intencionalidad, el incumplimiento de advertencias previas, la reincidencia, el daño causado y el número de personas afectadas, los beneficios obtenidos y los riesgos.
