La Junta de Castilla y León ha decidido 'acorazar' los servicios públicos esenciales de la Comunidad. Se nos presenta una ley, que entrará en vigor en breve, revestida de promesas, como si se tratara de levantar una muralla impenetrable que proteja la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es un concepto a priori atractivo: un fortín construido para tratar de blindar lo básico, o mejor dicho, para tratar de que lo fundamental no empeore. Pero al acercarnos al muro de la ley, vemos que este blindaje no tiene más que un revestimiento vacío, una fachada sin la estructura sólida que necesitan nuestros servicios públicos.
Porque ¿de qué sirve levantar una muralla de los servicios esenciales si detrás de ella no se amplían los recursos ni las personas necesarias para sostenerlos?
En CSIF reconocemos la importancia de asegurar los servicios esenciales, pero un blindaje que no cuente con el compromiso firme hacia los empleados públicos, hacia aquellos que sostienen en el día a día esos servicios a lo largo de todo el territorio de Castilla y León, resultará un esfuerzo superficial, como construir una fortaleza sobre cimientos frágiles.
Sin una inversión y unos presupuestos que garanticen profesionales suficientes, y sin la voluntad de garantizar unas condiciones laborales dignas y salarios justos a sus empleados públicos, la ‘fortificación’ que se pretende construir está condenada a desmoronarse como un castillo de naipes.
No será más que una simple escenificación política que lo único que blindará será la precariedad y la sobrecarga que sufren hoy los trabajadores públicos. No olvidemos que Castilla y León está en el ranking las comunidades autónomas que más castiga y peor paga a sus empleados públicos que, además, se enfrentan a una pérdida de poder adquisitivo del 20%, con unas plantillas cada vez más mermadas y abocadas a una sobrecarga de trabajo muy superior a la que deberían.
Los servicios públicos de calidad requieren de mucho más que una envoltura externa. Si realmente se quiere proteger lo esencial lo primero que se tiene que hacer es cuidar a quienes realmente son la auténtica ‘joya de la corona’ de la Junta. Son ellos, los empleados públicos, quienes hacen posible que cada día se abran los consultorios médicos que ahora se blindan por ley; son ellos quienes educan a los niños que van a esas escuelas rurales que ahora se blindan por ley. Sin ellos, esos servicios seguirán sin ser accesibles para muchos castellanos y leoneses.
¿Cómo le explicará la Junta a un vecino de una zona remota de Zamora que su consultorio permanece cerrado porque no hay un profesional que le atienda? ¿Cómo le dirá a la familia de un pueblo pequeño de Soria que esa escuela rural ahora 'blindada' no tiene un maestro que dé clase a sus hijos?
Blindar los servicios públicos esenciales, en definitiva, no puede ser un mero eslogan. Hay que pasar a las acciones reales. Por eso, CSIF ha puesto sobre la mesa propuestas claras para asegurar la calidad de esos servicios; una calidad que pasa irremediablemente por que el Gobierno autonómico salga de su enroque y renueve la obsoleta Ley de la Función Pública, por atraer y retener a los mejores en el empleo público de Castilla y León y por, como apuntó el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, en el reciente congreso provincial que tuvimos en Palencia, "incentivar a los funcionarios rurales con reducciones fiscales, facilidades para el acceso a la vivienda, ayudas para la movilidad, especialmente de hijos y su actividad y estudios" para lograr que esos empleados vivan cerca del lugar donde trabajan.
Y, junto a eso, insistimos en que hay que acabar con la temporalidad de quienes los prestan y reforzar unas plantillas que están ya de por sí tensionadas y que presentan unos niveles de envejecimiento que, de no actuar de forma urgente, comprometerán la prestación de esos servicios en menos de una década.
Frente a esta realidad, sobradamente denunciada, CSIF ha puesto sobre la mesa del consejero de la Presidencia, Miguel González Gago, dos ofertas de acuerdo. Le hemos propuesto un acuerdo para reforzar las plantillas y otro acuerdo de política salarial, una vez que la Comunidad sí es autónoma para subir los complementos autonómicos que permitan a sus empleados equipararse con otros territorios de España y recortar la falta de poder adquisitivo acumulada.
¿Cuál ha sido la respuesta de la Junta? Ninguna. Sigue haciendo oídos sordos a nuestras propuestas, quizás enfrascada en remendar los lazos con ese club exclusivo que forma el Consejo del Diálogo Social. Esos actores, con mucho cartel, pero cada vez con menos peso real en la balanza de nuestra sociedad, han logrado que este importante foro institucional se convierta en un coto privado, donde CSIF y otros actores muy representativos en la Comunidad son sistemáticamente ignorados.
Que no se engañen. Por mucho que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, declare su negativa a abrir la puerta a otras organizaciones, porque, según dice, los que están "cuentan con el reconocimiento constitucional", el Diálogo Social de Castilla y León no será un verdadero espacio de encuentro mientras no dé cabida a fuerzas que, como CSIF, representan a una gran parte de los trabajadores de esta Comunidad. Más de 90.000 empleados cuya voz también merece ser escuchada, no ninguneada.
Nuestra petición de entrar a formar parte de ese foro institucional no es una petición arbitraria, sino una exigencia legítima basada en el respeto a la democracia sindical y a la realidad representativa. La Ley Orgánica de Libertad Sindical, que desarrolla el derecho constitucional de representación de los trabajadores y en la que se basa la Ley autonomica del Dialogo Social para definir quienes lo forman no se ha de contradecir, pero sí puede mejorarse. Integrar a organizaciones que representan la realidad de nuestra Comunidad es igualmente constitucional, es más democrático y se adapta en mayor medida a nuestra realidad, aunque para 'los señorones' quizá sea más incómodo.
No sería justo, si no me acuerdo también, del Gobierno de España, de quien depende el salario base que recibimos los empleados públicos, la necesaria eliminación de las tasas de reposición y que, con sus pactos sindicales con los sindicatos de clase nos ha embravecido aún más y que. con sus acuerdos políticos pone en jaque la financiación de los servicios públicos que recibimos todos los ciudadanos.
Si la Junta, si el Gobierno de España, no quieren escucharnos en los despachos, nos oirá en la calle este otoño. La sociedad castellana y leonesa tiene que conocer de mano de quien presta los servicios esenciales todas las carencias que hay en la Sanidad, en los Servicios Sociales, en la Educación. Y más en un año en el que no hay visos de que vayan a aprobarse ni los Presupuestos Generales del Estado ni los presupuestos autonómicos.
En CSIF, seguiremos exigiendo, reivindicando y, sobre todo, luchando para que los derechos de los trabajadores de Castilla y León sí queden ‘blindados’ y no se vean supeditados a la falta de compromiso político.
