Las opas Asaja y Alianza UPA-COAG llevaron a cabo este viernes una protesta frente a la delegación del Gobierno en Valladolid. Movimiento con el que trataron de mostrar su desacuerdo con los bajos precios para los cerealistas y en el que, además, anunciaron el inicio de movilizaciones en el campo hasta que no se solucione el problema de la "baja rentabilidad" que afecta a los cerealistas de Castilla y León. Entre las peticiones al Gobierno de España destacan la exigencia de frenar "las importaciones masivas y la especulación" que practican los operadores y aquellos que venden.
Los manifestantes abrieron varios sacos de trigo que fue desperdigado por la calzada en forma de protesta. Tras ello, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, apuntó que hace dos años el cereal presentaba por estas fechas un precio de 360 euros la tonelada frente a los 200 de hoy, motivo por el que pidió que se pague un precio de 280 euros por tonelada, al ser el "precio que tiene que tener el cereal, porque los costes de producción antes eran de unos 500 euros y a partir de la guerra de Ucrania son de 750". "La cosecha que este año hemos tenido apenas ha cubierto los gastos que tuvimos en la sementera del 2023 y, si no se cubren los gastos, no se puede sembrar", dijo.
La prueba es que los agricultores de la Comunidad poseían un histórico de dos millones de hectáreas sembradas, pero actualmente solo se llega a "poco más de millón y medio de hectáreas", donde "se depende más de las importaciones de fuera". "Si valoramos la cosecha que hemos tenido y lo multiplicamos por los 80 euros que nos faltan para hacer rentable este oficio, los agricultores de Castilla y León estamos perdiendo 500 millones de euros, que es lo que no nos están pagando los compradores por el cereal que hemos recolectado", denunció.
Ante esta situación, las organizaciones agrarias pidieron, de "manera insistente" al Ejecutivo central, a los gobiernos regionales y a la Unión Europea que "frene las masivas importaciones" de aquel producto que "no cumpla la normativa", y que no se puede vender a pérdidas. Además, Dujo aseguró que el consumidor necesita un "etiquetado claro para saber qué está consumiendo y de dónde es su procedencia". Sin olvidar la imposición "urgente de aranceles" a las importaciones de los cereales de Ucrania con la pretensión de que el cereal que "está en el puerto no haga una situación de monopolio contra el de Castilla León", relató. De igual modo, solicitó que las zonas de Castilla y León que han tenido mala cosecha este año se les aporten ayudas como hubo el año pasado.
"Pedimos que el Gobierno central presente una queja formal ante la Unión Europea, porque esta situación solamente se vive en España, ya que en el resto de los países europeos las importaciones de terceros países son ridículas. El problema lo estamos viviendo solamente en España y no podemos estar cerrando los ojos y dejando un sector que se nos va a caer, que ya ha perdido miles de hectáreas en toda España", lamentó el coordinador autonómico de COAG, Lorenzo Rivera.
Y es que, "España es el país de Europa que más importaciones de terceros recibe", dado que entre 2023 y 2024, año agrícola en el que se sufrió una "sequía enorme en todo el país", han entrado 14 millones de toneladas de terceros países. "Todo para fabricar pienso, cuyo precio no ha bajado el 30 por ciento que sí lo hicieron los cereales", criticó.
Aun así, detalló que a esos 14 millones de toneladas hay que añadirle "otros diez que han venido entre el comercio intracomunitario", lo que se traduce que España ha importado hasta junio 24 millones de toneladas. Una "cifra récord inadmisible", porque ahora se tiene el cereal en los almacenes sin vender, porque "venderlo a 200 euros por tonelada es mal venderlos y es arruinar a un sector por completo", alertó. Esa es la razón por la que exigió que haya esa "preferencia comunitaria" con el fin de que el "producto local se respete por encima de todo lo que viene de fuera". "Eso es gestionar bien las producciones propias, eso es eliminar huella de carbono y generar riqueza y trabajo dentro de las regiones y de las zonas donde están esas fábricas que hacen pienso o harina".
Rivera solicitó una "regulación de los mercados", porque sin ella es "imposible controlar" las producciones y unos "precios justos y dignos" a través del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Los cerealistas "necesitamos el dinero como todo el mundo para vivir y el cereal no se vende porque no se puede mal vender", recalcó.
De igual forma se mostró el secretario general de UPA en la Comunidad, Aurelio González, quien señaló que los agricultores cerealistas de Castilla y León "no van a tener prisas por sembrar este año, porque no salen las cuentas". Censuró que se hable de mantener la población rural, pero con este tipo de situaciones provocan que "echen" a la gente, añadió.
"Hace unos años nuestros padres con la cosecha de un año compraban un tractor. Hoy cualquier agricultor es incapaz con la cosecha de varios años de poder pagar un tractor. Tenemos unos repuestos disparados y no hay ningún control en el tema de los costos. Nos vamos arruinando poco a poco por más que trabajamos", destacó.
Por ese motivo, exigió al Ministerio de Agricultura y a la Junta para que "se ponga las pilas y hablen con los operadores y les tiren de las orejas para que pongan un precio justo para poder vivir todos". "El sector ganadero sabe que necesita los agricultores y los agricultores saben que necesitan a los ganaderos. Aquí estamos todos y no sirve que digan que si sube el cereal se arruina el ganadero".
Dejó claro que "no puede ser que para que viva un sector se arruine otro", porque tienen que "vivir todos los sectores". Para ello, las administraciones tienen que "velar porque se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria", al ser la "mejor ley que podemos tener en el campo y la que nos puede salvar a todos", sentenció.
