Los planes de empleo han alcanzado 2,7 millones de partícipes, lo que supone un alza del 42% frente a los 1,9 millones de septiembre de 2022, cuando se aprobó la reforma para impulsar este modelo de ahorro para la jubilación promovido por las empresas para sus trabajadores, por los colectivos de autónomos y en las administraciones públicas.
Según los últimos datos de Inverco, estos planes, aún minoritarios en España, sumaron un volumen de activos de 38.488 millones hasta septiembre, lo que supone un incremento del 11,6% frente al mismo periodo de 2022 con especial impulso en los planes desarrollados en la construcción y entre los autónomos.
Sólo en el tercer trimestre del año, detalla Inverco, las aportaciones brutas al sistema de empleo aumentaron hasta los 331 millones, 74 millones de euros más que en el año anterior.
De ellas, 24,3 millones correspondieron a las realizadas al plan de pensiones simplificado de la construcción, que ya cuenta con un patrimonio de 115,7 millones y 544.357 partícipes.
Pese a esta evolución, este modelo de ahorro sigue siendo minoritario en España, una tendencia que el Gobierno quiso cambiar con una reforma impulsada por el exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con dos elementos claves.
Por un lado, la simplificación del modelo de planes de empleo y, por otra, la puesta en marcha de los fondos de promoción pública, paraguas bajo el que podrán acogerse este tipo de planes con menores costes, pero que no termina de despegar.
Para terminar de impulsarlos, explican fuentes del sector, este mes se han aprobado mejoras técnicas y cuestiones relacionadas con la remuneración y las compatibilidades de los miembros de la denominada comisión de control especial de estos fondos.
Una vez puestos en marcha, cada comisión de control de planes de empleo ya existentes deberá decidir si se adhieren o no a ellos, recuerdan desde VidaCaixa, una de las gestoras adjudicatarias de uno de los lotes para gestionarlos.
El objetivo final de todos estos cambios es impulsar más este denominado segundo pilar del sistema de pensiones -el primero son las pensiones públicas y el tercero, los planes individuales-, que en otros países como Holanda o Reino Unido es obligatorio, es decir toda organización debe proporcionar un plan de empleo a sus trabajadores donde va un porcentaje de su salario.
En España, estos planes se enmarcan en la negociación colectiva, es decir en las condiciones que cada empresa o sector pacta con la representación de los trabajadores.
Ese carácter voluntario y la falta de incentivos adicionales, como beneficios fiscales, están lastrando un mayor desarrollo, según explica el director del área de previsión social de Mercer España, Miguel Menéndez.
"Que sean una sugerencia en el marco de la negociación colectiva los desvirtúa, debería ser una figura casi obligatoria como ocurre en otros países", señala Menéndez que también apela a que el Gobierno dé ejemplo promoviendo esta figura más en la Administración Pública.
Mirando a la negociación colectiva, en 2023 se incluyeron planes de pensiones u otras prestaciones relacionadas con la jubilación en 155 convenios, el 11,47 % de los existentes, que afectan a 432.447 trabajadores, el 11,54 % de los amparados por un acuerdo colectivo.
El número de trabajadores beneficiados se multiplicó así por más de dos durante 2023 respecto a los 183.281 que había a cierre de 2022 y que representaban al 6,63 % de los amparados por un convenio.
Según la estadística de convenios colectivos que publica el Ministerio de Trabajo, la mayor parte de estos planes se incluyeron en 2023 en convenios de empresa, aunque sólo afectaron a 48.161 empleados, mientras que los introducidos en 28 acuerdos de ámbito superior, beneficiaron a 384.286 trabajadores.
