Una zona inundable es en la que existe un alto riesgo de inundación en caso de lluvias intensas, crecidas de ríos o desbordamientos de otros masas de agua. Estas áreas suelen estar cerca de ríos, arroyos, embalses o zonas costeras, aunque en algunos casos también pueden abarcar terrenos urbanos con un sistema de drenaje deficiente, lo que incrementa las probabilidades de inundación. Vivir en una zona inundable significa que la vivienda o propiedad puede estar expuesta a episodios de inundación de manera más frecuente o intensa que en otras áreas.
Las zonas inundables están clasificadas según su nivel de riesgo, el cual se evalúa en función de varios factores, como la proximidad a masas de agua, la topografía del terreno y los registros históricos de lluvias e inundaciones en el área. Este nivel de riesgo se mide generalmente en términos de frecuencia de inundación:
Riesgo alto: zonas que se inundan de manera frecuente, con una probabilidad de inundación de al menos una vez cada 10 años.
Riesgo medio: áreas donde la inundación podría ocurrir con una frecuencia de entre 10 y 100 años.
Riesgo bajo: zonas donde la inundación es menos frecuente, generalmente cada 100 años o más.
Más de 66.000 ciudadanos de Castilla y León viven en zonas de "alta probabilidad de inundación", según los datos aportados a por la Confederación Hidrográfica del Duero, con puntos localizados en hasta tres capitales de provincia (Burgos, Valladolid y Zamora) y otros siete municipios, algunos de ellos de gran tamaño.
En declaraciones a EFE, la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, ha detallado que el Plan de Inundaciones (INUNCyL) vigente en Castilla y León (2012) determina "diez puntos de riesgo alto", ubicados en las mencionadas capitales de provincia y en los siguientes núcleos de población: Miranda de Ebro, Ciudad Rodrigo, Tordesillas, Tudela de Duero, Benavente, Santa Cristina de la Polvorosa y Toro.
Además, la Junta identifica en el INUNCyL hasta 119 puntos con "riesgo medio" de inundación, aunque Cortés ha detallado que este número actualmente es superior por el agravamiento de los fenómenos meteorológicos adversos, pero sin plasmarse oficialmente en el documento de referencia.
Del mismo modo, en términos de población, los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Duero señalan que, además de esas 66.375 personas residentes en zonas con "alta probabilidad de inundación", otras 138.574 personas viven en puntos con un riesgo "medio" y otras 270.532 con riesgo "bajo", por lo que en total serían 475.481 ciudadanos los que están registrados en puntos con mayor o menor riesgo de inundación.
Preguntada sobre esta cuestión, la directora general de Protección Civil se ha mostrado abierta a buscar alternativas para estas personas, incluido un cambio de vivienda, aunque ha remarcado que se trata de decisiones que deben consensuarse a nivel nacional, con la modificación de la Directriz Básica de Inundaciones, que está sin actualizarse desde 1994: "Hemos requerido en varias ocasiones, en distintos órganos, que se actualizara, no es capricho, es una necesidad".
No obstante, Cortés ha defendido que la principal herramienta para la protección de estas miles de personas que viven en zonas inundables es la prevención, lo que incluye medidas de autoprotección, cursos de formación, envío de guías, simulacros y, especialmente, que los ciudadanos tengan claro qué hacer y qué no hacer en caso de inundación.
"Eso es súper importante", ha subrayado la directora general, convencida de que ese conocimiento por parte de los vecinos "ya minimiza muchísimo los daños y las pérdidas en términos de vidas cuando se producen estas situaciones", porque "evidentemente es un riesgo" vivir en edificaciones ubicadas en zona inundable.
Las conclusiones del INUNCyL, que según Cortés será actualizado cuando se renueve la Directriz Básica Nacional, plantean que la posibilidad de padecer inundaciones en Castilla y León "es variada", por los extensos y numerosos espacios a los que puede afectar, la densidad de la red hidrológica, la abundancia de caudales, las reducidas pendientes y la alta impermeabilidad de grandes extensiones de las cuencas, aunque no todos con igual intensidad y frecuencia.
Históricamente, el peligro potencial mayor se sitúa en el tramo más bajo del río Pisuerga; en el Tormes a su paso por Salamanca, así como en el Duero a su paso por las vegas de Tordesillas, Toro y Zamora donde afecta a viviendas y edificaciones, especialmente en Zamora, añade el documento de referencia para emergencias motivadas por inundaciones en Castilla y León.
Dentro de la Comarca de Benavente y Los Valles, Benavente ciudad es de las más afectadas, teniendo problemas en varias zonas con viviendas y naves industriales, aunque también plantea problemas previsibles en la cuenca del Sil en El Bierzo (ríos Valcárcel, Burbia, Cúa, Sil, Boeza y Tremor).
Además, según las mismas conclusiones, existen "numerosos puntos conflictivos", principalmente radicados en la mitad norte de la Comunidad (subcuencas del Pisuerga, Valderaduey y diferentes tramos del Duero), mientras que en la mitad sur los más problemáticos son el Tormes y el Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca), el Zapardiel entre Ávila y Valladolid y, en esta última, la confluencia del Adaja, Eresma y Cega con el Duero.
A esto hay que añadir, según el mismo documento, los problemas en otros cursos aún no regularizados, caso del Arlanza en Burgos, con desbordamientos de frecuencia casi anual, y las frecuentes inundaciones del Ebro en Miranda de Ebro (Burgos), mientras que las últimas referencias del texto son para las capitales de Valladolid y Palencia.
"En términos generales, las inundaciones en la región pueden ser predichas con cierta antelación y sus efectos esperados, dado que en su mayoría están ligadas a episodios de cierta regularidad temporal (lluvias prolongadas, deshielos)", plantea el INUCyL, que añade que estos episodios causan "principalmente en daños económicos y no en pérdidas de vidas humanas directas".
Por último, las conclusiones apuntan a que, dadas las circunstancias, "se hace necesaria una correcta planificación de los usos de suelo" en los municipios más afectados.
