El registro de viajeros que deberán hacer a partir del 2 de diciembre ha provocado un rechazo frontal de algunos agentes del sector turístico, sobre todo las agencias, que consideran que añade una carga burocrática y encarecerá los precios de los viajes, publica EFE.
El PP ha recogido el sentir de los agentes turísticos y esta semana sacó adelante una moción en el Senado -donde tiene mayoría absoluta, aunque le apoyaron también aliados del Gobierno como PNV y Junts- que insta al Ejecutivo a prorrogar la suspensión de la entrada en vigor del real decreto, que ya ha sido aplazada hasta tres veces desde mediados del año pasado.
Contra la queja de las agencias de viajes, representadas por las asociaciones Ceav, Fetave, Acave y Unav, de que la nueva norma exige recoger datos que incluso afectan a la intimidad de las personas, el Ministerio de Interior aclara que no introduce exigencias de información adicional a la que ya se solicita actualmente.
Las agencias alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir, porque un 95 % son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo, y alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y sobre un hipotético encarecimiento del precio de los viajes.
También los hoteleros, a través de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), han mostrado su rechazo a la norma, que "podría" vulnerar derechos fundamentales de privacidad y "amenaza con complicar y entorpecer" la experiencia de millones de visitantes, además de que supone una "merma" a la competitividad de España como destino.
Según recoge el Real Decreto 933/2021, los obligados a aportar la información son los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural, cámpines, zonas de estacionamiento de autocaravanas, apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico.
También deben facilitar esta información los operadores turísticos que presten servicios de intermediación, las plataformas digitales que den servicios en España y las alquiladoras de vehículos sin conductor.
Los datos que deben dar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco (en el caso de que alguno sea menor de edad) y los datos de la transacción.
Además, prosigue EFE, los proveedores del servicio tienen que comunicar su nombre, DNI o CIF, municipio, provincia, teléfono, dirección de correo electrónico, web de la empresa, datos del establecimiento y otros de la transacción, como el tipo de pago, el titular del medio de pago o la fecha de caducidad de la tarjeta bancaria, entre otros.
La comunicación debe hacerse en un plazo máximo de 24 horas y ha de ser firmada por todos los mayores de 14 años que hagan uso de estos servicios. La norma obliga a que los menores de 14 años sean registrados por sus acompañantes.
La última reunión entre Interior y la representación patronal del sector (CEOE, empresas hoteleras, plataformas digitales, agencias de viajes y alojamientos turísticos) se produjo el pasado 4 de octubre y ahí se acordó la última prórroga de la entrada en vigor, que ahora está prevista para el 2 de diciembre.
A partir de esa fecha, las empresas hoteleras o de alquiler de vehículo deberán transmitir a la aplicación ses.hospedajes aquellos datos que ya recaban de manera habitual, señala la norma.
Según Interior, la plataforma informática para albergar los datos está operativa desde enero de 2023, pero las agencias de viajes insisten en que tienen fallos.
La justificación recogida en el RD explica que la normativa vigente no contemplaba las nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como las viviendas turísticas.
La moción aprobada en el Senado a instancia del PP el pasado miércoles día 20 pide al Gobierno que mantenga suspendida la obligación de registro de los viajeros por parte de las agencias de viajes y las alquiladoras de vehículos sin conductor. Recibió el respaldo de los senadores de UPN y VOX, además de los representantes de Junts y el PNV, socios del gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras, votaron en contra de la moción el PSOE, Izquierda Confederal y Ezquerra Republicana de Cataluña, en tanto que el BNG se abstuvo.
Según el Reglamento del Senado tras la aprobación de una moción, el Gobierno debe informar sobre su cumplimiento dentro de los seis meses siguientes.
